ZP, Rajoy y adláteres borran del mapa a los partidos minoritarios

28/08/2011 at 23:50 1 comentario


El espontáneo movimiento ciudadano del 15 de mayo que tomó las calles de las principales ciudades españolas en busca de una democracia real obtuvo una respuesta-tipo de la clase política: sería escuchado y tenido en cuenta. Como era de esperar, eran palabras vacías. La legal pero ilegítima reforma constitucional para imponer un techo de déficit recientemente acordada por PSOE y PP con alevosía y nocturnidad (en agosto y mediante un procedimiento exprés, sin una consulta popular) es la penúltima demostración del escaso interés de los políticos de ser permeables a las reclamaciones democráticas más básicas formuladas por quienes les hemos votado. Menos repercusión mediática pero igualmente dañina para los derechos más elementales de los ciudadanos ha sido la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que en la práctica significa la desaparición de los partidos minoritarios.

El nuevo texto del artículo 169 obliga a todos los concurrentes a unas elecciones a presentar con carácter previo un aval: “Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección”. La vulneración del espíritu de la Constitución es patente, en cuyo artículo 6 reza: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley”.

Misión imposible

Esto significa que 82 de los 92 partidos que presentaron listas en las elecciones generales de 2008 no podrán concurrir a los comicios del próximo 20 de noviembre a menos que antes recojan las firmas del 0,1% de los electores de cada circunscripción. Pongamos como ejemplo la Comunidad de Madrid: 33 de las 37 candidaturas que se presentaron en 2008 necesitarían el aval, y de esas 33 que no obtuvieron representación parlamentaria, sólo 3 lograron entonces más votos que el número de firmas que ahora se necesita para poder concurrir (en torno a 5.000). Pero los obstáculos no acaban ahí. Estas formaciones minoritarias sólo dispondrán de 20 días para recabar las firmas, a contar desde el próximo 27 de septiembre, coincidiendo con la publicación en el BOE del decreto de convocatoria de las elecciones. Y deberán validarlas en este mismo plazo ante notario -con un coste medio estimado de unos 350.000 € por partido que presente candidaturas en todo el territorio nacional- , salvo que se habiliten fedatarios públicos para tales efectos.

La modificación de la ley aprobada a hurtadillas por PSOE y PP -con la aquiescencia de PNV y CIU- en enero, y que es ahora cuando está saliendo a la luz pública, es un misil sobre la línea de flotación de un buen número de partidos con medios humanos y materiales insuficientes para obtener las miles de firmas necesarias. Si se sigue al pie de la letra la normativa, no bastará con presentar ante el notario o fedatario público la firma del elector y una fotocopia de su DNI, sino que éstos tendrán que hacer acto de presencia para su correcta validación. Siempre bajo la premisa de que cada ciudadano con derecho a voto podrá respaldar a una única formación política.

Silencio sepulcral

Y en este punto nos preguntamos: ¿Por qué se ha adoptado este medida? Todos los partidos con representación parlamentaria pasan de puntillas sobre el tema porque están igualmente interesados en no compartir con nadie más el pastel. PSOE y PP se sienten cómodos en el sistema bipartidista actual y el resto de formaciones (nacionalistas, IU y UPyD) no quieren que nuevas propuestas puedan ‘robarles’ el voto de los descontentos. La ley habla de la necesidad de “salir al paso de prácticas no admisibles desde la perspectiva de la seriedad del procedimiento electoral”, pero sin concretar exactamente a qué se refiere. Pero lo que realmente no es serio es impedir el pluralismo político necesario para un sistema cada vez menos democrático y disparar la competencia desleal entre partidos. Mientras unos estarán a todo gas en plena precampaña electoral, otros tendrán que patearse calle por calle, puerta por puerta, mendigando firmas para poder concurrir el 20-N. Por ver algo positivo, el mayor contacto con el ciudadano permitirá dar a conocer más los respectivos proyectos políticos.

Tampoco puede justificarse este atropello en la necesidad de abaratar los gastos del proceso electoral, ya que los partidos sin representación parlamentaria no reciben subvención alguna y únicamente tenían como deferencia por parte del Estado el ahorro de los gastos administrativos -inscripción, impresión de las papeletas, etc-. Si hablamos de costes en época de crisis y de apretarse el cinturón no podemos olvidar que las transferencias a las formaciones parlamentarias subieron un 15,6% entre enero y julio hasta llegar a los 54,7 millones de €. Por poner un ejemplo, en ese mismo periodo los programas de cobertura de libros de texto descendieron un 86,8% y las ayudas a actividades de alumnos un 54,2%. Buena muestra de la indignidad instalada entre los rectores de este país llamado España.

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Entry filed under: Politicastros y otra gentuza, Vida perra.

15M: Una revisión a la democracia Una crisis selectiva

1 comentario Add your own

  • […] Siendo injusta la ley electoral, encima PP y PSOE se alían para dificultar el acceso a los comicios de las pequeñas formaciones […]

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